Esto, luego que el senador Jaime Orpis planteara esta semana que para dar mayor certeza jurýdica a los proyectos era necesario sustituirlo por una instancia mýs týcnica y autýnoma.
SANTIAGO.- El pasado 10 de mayo el Comitý de Ministros -instancia integrada por los titulares de las carteras de Medio Ambiente, Salud, Energýa, Minerýa, Economýa y Agricultura- resolviý por unanimidad revocar la Resoluciýn de Calificaciýn Ambiental (RCA) del mega proyecto elýctrico HidroAysýn, dando fin a un largo perýodo de incertidumbre sobre el futuro de la iniciativa, pero dejando de manifiesto la vulnerabilidad de la institucionalidad ambiental del paýs.
La RCA o permiso ambiental del proyecto HidroAysýn habýa sido otorgada en mayo de 2011 por la Comisiýn Regional de Medio Ambiente de Aysýn, instancia que, al igual que el Comitý de Ministros, es parte del poder Ejecutivo. De esta forma, el proyecto estuvo detenido cerca de dos aýos a la espera que esta instancia resolviera sobre las 35 reclamaciones presentadas sobre la iniciativa, tanto por la ciudadanýa (34) como por la empresa titular (1).
Ante esto, los cuestionamientos a la instancia no tardaron en llegar, ya que la legislaciýn establece que el Comitý debe conocer y resolver los recursos de reclamaciýn presentados en contra de las resoluciones, que rechacen o establezcan condiciones o exigencias a un Estudio de Impacto Ambiental (EIA); los recursos de reclamaciýn presentados por personas, que estimen que sus observaciones a un EIA no fueron consideradas, asý como los reparos contra las resoluciones de revisiýn de una Resoluciýn de Calificaciýn Ambiental (RCA), y que para ello se establece un plazo de 60 dýas.
Ademýs, la decisiýn del Comitý de Ministros concordý con las declaraciones efectuadas por la Presidenta Michelle Bachelet mientras fue candidata, respecto que el proyecto HidroAysýn no era viable. Esto generý suspicacias de que la resoluciýn podrýa haber estado condicionada al compromiso de la Mandataria durante la campaýa.
Propuesta
En este contexto, el senador de la Uniýn Demýcrata Independiente (UDI), Jaime Orpis, dio a conocer esta semana una propuesta que apunta a reemplazar el Comitý de Ministros por una instancia autýnoma y týcnica basýndose en el mecanismo de elecciýn y trabajo del Consejo del Banco Central.
Orpis explicý que no existe certeza jurýdica para que los proyectos de mayor complejidad que, aunque týcnica y ambientalmente cumplan con la legislaciýn, puedan materializarse, ya que con los casos de Barrancones e HidroAysýn se ha demostrado que la institucionalidad no es capaz de resistir las presiones. "Tanto en primera como en segunda instancia son, en definitiva, las autoridades polýticas las que van tomando las decisiones en materia ambiental, primero, a nivel regional y en segunda instancia el Comitý de Ministros", estimý Orpis.
"Barrancones e HidroAysýn son los mejores ejemplos. Fue la propia autoridad polýtica en ambos casos, encabezados por el Presidente de la Repýblica, en un caso en campaýa y en el otro caso, en ejercicio del poder, quienes saltýndose en la prýctica toda la institucionalidad, echaron abajo dos proyectos. En el caso de HidroAysýn quý margen de maniobra tenýa el Comitý de Ministros para abordar o poner condiciones al proyecto en circunstancias que la entonces candidata y hoy dýa Presidenta se habýa comprometido en su programa de gobierno a no desarrollarlo. El Comitý de Ministros no tenýa ningýn margen de maniobra. En el caso Barrancones ocurriý algo similar. En este caso, ni siquiera llegý al Comitý de Ministros, el el (ex) presidente (Piýera) intervino antes", acusý el parlamentario.
En ese sentido, Orpis enfatizý "para mý, la primera y mýs importante medida regulatoria no estý en la Agenda. Para rescatar la certeza jurýdica, la primera y mýs importante medida regulatoria deberýa ser reemplazar al Comitý de Ministros, como segunda instancia, por una instituciýn autýnoma, tipo Banco Central en materia energýtica, con patrimonio propio, cuyos integrantes sean inamovibles y cuya duraciýn sea a lo menos 8 aýos en el cargo, elegidos a propuesta del Presidente de la Repýblica por los dos tercios del Senado".
Para Orpis, esto permitirý reducir la incertidumbre relacionada con la implementaciýn de los proyectos, que "cumpliendo las normativas vigentes ambiental u otras, no quede a una definiciýn eminentemente polýtica la que, a su vez, estý fuertemente condicionada a una coyuntura de corto plazo, porque los gobiernos son muy cortos y no por una visiýn de largo plazo que es lo que realmente se necesita en materia energýtica. La decisiýn debe ser týcnica y ciertamente hoy dýa no lo es".
Opiniýn de los sectores involucrados
Ante esto, el presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquýn Villarino, comparte el diagnýstico de Orpis en cuanto a que "hay algo en la institucionalidad medioambiental que no estý funcionando desde el momento en que si todas las instancias medioambientales que aprueban un proyecto, que se demoran mýnimo tres aýos en resolver todo lo que se plantean en torno al mismo, y despuýs en una, dos o tres sesiones determinados miembros (del Comitý de Ministros), que no son týcnicos, lo dejan sin efecto parece que hay algo que no estý funcionando adecuadamente y el diagnostico es correcto".
En ese sentido, Villarino sostiene que "hay que revisar esa instancia". Aunque, no se atreve a asegurar que la propuesta de Orpis sea la ýnica respuesta a esta problemýtica. "Creo que hay que estudiarlo bien y ver sistemas alternativos, y en definitiva, buscar una soluciýn que de mayor certeza jurýdica y que de alguna manera garantice que los temas medioambientales se resuelvan de manera týcnica y no con otros criterios".
Asimismo, el gerente general de la Asociaciýn de Generadoras, Rený Muga, considera que "claramente hay un reforzamiento de la institucionalidad medioambiental que estamos todos conscientes que debe ser prioritario. He escuchado al ministro (de Medio Ambiente, Pablo) Badenier tambiýn seýalar que esto es un tema que va a ser abordado por parte el Ejecutivo. Hay consciencia tambiýn en el Ejecutivo de que este cuestionamiento a las decisiones que se toman en el proceso de aprobaciýn o evaluaciýn de impacto ambiental no le hace bien al paýs".
En esa lýnea, Muga argumenta que, por ejemplo, los tribunales ambientales estýn creados no para ser la regla general, sino que para ser la soluciýn de controversia, pero el sistema estý siendo cuestionado tan fuertemente y todos los actores que participamos en ýl sienten que necesita ser mýs fortalecido. "Desafortunadamente, mientras eso no ocurra, vamos a seguir tramitando hasta las instancias judiciales y eso no debiera ser la regla general".
El representante de las grandes generadoras de energýa del paýs aýade que "en ese sentido, una propuesta como la del senador Orpis, creo que es digna de ser considerada, donde se refuerce los elementos týcnicos y de alguna le de legitimidad y garantýa a todas las partes de que todos los elementos fueron considerados con una visiýn týcnica de largo plazo y que no recoje elementos que uno pueda decir que son mýs polýticos que týcnicos".
"Lo que el inversionista necesita es una RCA que sea creýble, que la gente sepa que se emitiý despuýs de un proceso de anýlisis serio, týcnico, muy bien calificado y que aquellas partes que realmente sientan que tienen una causa muy fuerte en contra, tengan el recurso de los tribunales que, por supuesto, no se puede desconocer, pero en solo algunos casos", acota.
Posiciýn diferente tiene el gerente general de Enersis, Ignacio Antoýanzas, quien estima que "el rol del Estado tiene que demostrar el apoyo correspondiente a los proyectos", agregando que "si se desaparece el Estado como el Comitý de Ministros en ese apoyo", lo que se harýa "es ir en contra de la necesidad que hoy tiene el paýs de un apoyo".
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