Microbuseros de Valdivia y Fiscalía Nacional Económica se enfrentaron en alegatos ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, por acusaciones de colusión en los precios entre los años 2008 y 2012. Defensa de los transportistas solicita la absolución de los cargos.
Microbuseros de Valdivia y Fiscalía Nacional Económica se enfrentaron en alegatos ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, por acusaciones de colusión en los precios entre los años 2008 y 2012. Defensa de los transportistas solicita la absolución de los cargos.
El requerimiento fue interpuesto ante dicho tribunal en diciembre de 2012, dado que la Fiscalía Nacional Económica consideró que los precios del pasaje del transporte público en Valdivia vulneraban el decreto 211. Este último regula la celebración de acuerdos destinados a la fijación de los precios de las tarifas a público, acusando que desde 2008 a 2012, restringieron y entorpecieron la libre competencia en el mercado del transporte público urbano de pasajeros de la ciudad.
Las acusaciones fueron cursadas contra la Asociación Gremial de empresarios de taxibuses de Valdivia, -AGETV- y las líneas 1, 2 ,3, 4, 5, 9, 11, 14, 16 y 20.
El abogado Alejandro Durán, representante de las líneas de taxibuses 2 y 14, explicó que según el modelo económico que la fiscalía alega, si las micros cobran distintas tarifas, se le permitiría a los usuarios elegir que transporte tomar.
Sin embargo, para el abogado esta situación no es así dado que las líneas cuentan con recorridos distintos y la mayoría de las veces con sectores excluyentes.
Durán explicó que el alza de precios y presunta colusión acusada por la Fiscalía Nacional Económica, no obedecía a una intención de afectar la libre competencia, sino más bien responder a un ajuste económico, que estaba relacionado con los costos de funcionamiento del transporte en la ciudad.
El abogado argumentó además que las líneas 2 y 14 y el gremio de los taxibuses se suscribieron a un acuerdo de cooperación a la investigación, lo que demuestra que ellos no tenían la intención de incurrir en alguna posible colusión, como se les imputa, responsabilizando al Estado por el modelo de transporte que los perjudicaría.
El Tribunal debe revisar los antecedentes expuestos en los alegatos para adoptar un fallo sin existir aun una fecha para ello. Indicar que la totalidad de los transportistas está solicitando la absolución de las acusaciones realizadas por la Fiscalía Nacional Económica, por lo argumentado anteriormente.
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