Ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, la familia de Marcelo Barrios Andrade, joven estudiante de la Universidad de Playa Ancha y militante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), interpuso una querella a días de cumplirse 25 años de su asesinato.
Manifestación en recuerdo de Marcelo Barrios Foto: Reproducción/Facebook
Una querella contra seis efectivos de la Armada de Chile presentó la familia de Marcelo Barrios Andrade, joven estudiante universitario y militante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez.
El caso data del 31 de agosto de 1989, cuando una patrulla de infantería de la Armada de Chile, llegó a las puertas de la casa de Marcelo Barrios y lo acribilló. Él es considerado uno de los últimos ejecutados políticos en la dictadura militar.
La acción judicial es en contra de los entonces Capitán de corbeta Sergio Schifelle Kirby; Capitán de fragata Francisco Pavez Puga; Sargento Jorge Figueroa Castro; Sargento segundo Silverio Fierro Peña; Cabo primero Luis Ceballos Guerrero; Cabo primero Oscar Aspee Aspee.
La Familia Barrios Andrade ha interpuesto cuatro querellas, una ante los Tribunales Navales y tres en la justicia ordinaria, la última el año 2013, pero todas sin resultados. Uno de los abogados patrocinantes, Julio Cortés, señaló a Terra.cl la importancia del caso, “es una de las últimas ejecuciones de la dictadura, se pide reabrir la investigación para procesar a los responsables”.
Entre los antecedentes para solicitar reapertura, se presentan testimonios de testigos que contradicen la versión de los uniformados, que señalaron que eran atacados con un arma corta por parte de Barrios y tuvieron que dispararle, además de investigaciones periodísticas en libros y reportajes. “Solicitamos a la Corte que coteje y confronte testimonios y datos”, señaló el otro abogado patrocinante, Rodrigo Lillo.
Por su parte, Gladys Barrios, familiar de la víctima, afirmó que “la justicia chilena jamás se ha manifestado como nosotros quisiéramos, pero algunas aperturas en otros casos nos da una luz de esperanza”.
El programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior se ha informado de nuevos antecedentes sobre la participación de Schifelle en los hechos, pedirá la reapertura del caso y que se deje sin efecto el sobreseimiento decretado por el Ministro Miranda Lillo.
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